Colombia alerta que la guerrilla mantiene una retaguardia estratégica en Venezuela

Los exguerrilleros colombianos que se sumaron en 2016 a un acuerdo de paz pero acabaron recayendo en actividades ilegales han aumentado hasta cerca de un tercio del total de combatientes desmovilizados, según un informe de inteligencia al que Reuters tuvo acceso.

Con el pacto, que llevó cuatro años de negociaciones, Colombia intentó acabar con un conflicto de medio siglo convirtiendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un partido político, garantizando bancas para sus candidatos en el Congreso y concediendo amnistías para algunos tipos de delito.

Pero la conservadora sociedad está dividida entre los que están dispuestos a perdonar en pos de una reconciliación y los que buscan que los rebeldes queden tras las rejas para pagar por los asesinatos, secuestros y violaciones a los derechos humanos cometidos en una guerra interna que ha cobrado 260.000 vidas.

Como parte del acuerdo, más de 6.000 combatientes del que era el grupo insurgente más grande de Latinoamérica, dejaron las armas. Solo unos 300 miembros decidieron entonces, en noviembre del 2016, seguir en la clandestinidad.

Hoy el Gobierno calcula que los remanentes del grupo que operan en las selvas y montañas colombianas crecieron hasta los 2.300, en gran parte gracias a los disidentes, pero también por nuevos miembros. Tan solo desde fines del 2018 la cifra aumentó más de un 30%, según el informe de inteligencia.

El reporte subraya que los excombatientes volvieron a las armas seducidos por los millonarios recursos del narcotráfico y la minería ilegal. Y consideró este aumento de las disidencias como “un riesgo para la seguridad”.