La carnada de las parlamentarias

El régimen insiste en que en 2020 sí habrá comicios: las elecciones
para la Asamblea Nacional. Resulta obvio: la cita está prevista en la
Constitución.

El propósito que busca consiste en tratar de enredar a
la oposición en un debate bizantino. Partir las aguas entre quienes
sostengan que debe acudirse y quienes defiendan lo contrario. Yo
creo que a esas elecciones hay asistir, así como hay que asumir el
reto cuando se convoca la elección de una reina de carnaval o de una
junta de condominio. A las consultas populares conviene acudir
porque son terrenos donde se miden las fuerzas y se calibra la
popularidad de una opción política.
Pero una cosa es considerar que se debe participar en las
votaciones parlamentarias y otra muy distinta es confundir los
objetivos del diálogo entablado con el Gobierno. La meta de esas
negociaciones tiene que centrarse en la realización lo más pronto
posible de unas elecciones para elegir al Presidente de la República.
Este propósito no admite discusión.
El eje maestro de la fenomenal crisis institucional actual se
encuentra en el desconocimiento, por parte de Nicolás Maduro, de
los resultados de las parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de
2015. A partir de esa fecha se abrió una brecha entre el Ejecutivo y
la Aasamblea que ha ido ensanchándose con el paso del tiempo.
Después del categórico triunfo opositor, el Ejecutivo se colocó su
máscara más autoritaria y represiva. Quebró las formas de
cooperación tan estrechas que había mantenido con el Parlamento
entre 2000 y 2015, período durante el cual la fracción del Psuv
dominó cómodamente el Hemiciclo. Cualquier ley arbitraria e
inconstitucional que quería aprobar, por ejemplo las relacionadas

con el Poder y el Estado Comunal, eran sancionadas por la
complaciente fracción del oficialismo. La ‘cooperación’ entre el
Ejecutivo y el Legislativo, tal como manda la Carta Magna, era total.
Todo era armonía. Todo transcurría en el marco del estado de
derecho diseñado por el oficialismo. El TSJ se limitaba a refrendar
lo que de común acuerdo habían concertado previamente Miraflores
y el Parlamento.

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El encanto se rompió el 6 de diciembre de 2015. La concordia
se basaba en el servilismo de la Asamblea Nacional. El triunfo
opositor rompió el matrimonio. Maduro desató la tormenta que
originó el desajuste que vivimos: nombró un nuevo TSJ integrado
por militantes del Psuv, inhabilitó a los tres diputados de Amazonas,
le arrebató la mayoría calificada a la bancada opositora y se valió del
nuevo TSJ para aprobar la Ley de Emergencia Económica que
despojó a la Asamblea de sus competencias contraloras. Luego
comenzó a perseguir y a quitarles la inmunidad a los diputados. Hoy
cerca de treinta de ellos se encuentran presos o desterrados. Todos
se encuentran amenazados y sin sueldo. En la práctica, son cargos
adhonórem. En el entretiempo convocó ese adefesio que es la
asamblea constituyente con el fin de maquillar un poco las
ilegalidades y barnizar las relaciones del Ejecutivo con el TSJ, de
modo que la extinción de la legalidad constitucional fuera menos
abrupta y obscena. Hoy la AN sobrevive gracias al heroísmo de los
diputados que han permanecido.
Todos estos desmanes ocurrieron porque en Venezuela impera
un sistema presidencialista que le permite un amplio margen de
maniobra al autoritarismo de Nicolás Maduro.
En Venezuela no hay manera de resolver la colosal crisis
económica, política e institucional si no sale Maduro de la
presidencia de la República. Él es el jefe del Estado, el Comandante

en Jefe de las Fuerzas Armadas y de todo el aparato de seguridad
estatal; es el amo y señor de lo que ocurre en la Administración
Pública. De él dependen todas las decisiones importantes que
permiten el funcionamiento del Estado, incluido el Banco Central.
Nada significativo sucede sin su participación, ya sea en el plano
nacional o en el plano regional. La Ley de Presupuesto ya no es
sancionada por la AN, sino por el TSJ. En esa ley está contemplado
el Situado Constitucional. Este fluye hacia los estados y municipios
solo si Maduro lo concede. La descentralización sucumbió ante el
centralismo, que retorno a sus formas más agresivas.
El triunfo opositor en los eventuales comicios de 2020, si no se
logra al mismo tiempo establecer la fecha de las elecciones para
Presidente de la República, volverían a editar el guion impreso por
el régimen después de diciembre de 2015. De este peligro hay que
tener plena conciencia. No deben descalificarse las elecciones
parlamentarias, pero sí conviene colocarlas en el contexto que las
preceden y rodean. Si no podríamos morder la carnada y quedar
como unos ingenuos pececitos que creen estar nadando en una
apacible pecera. Elecciones parlamentarias sí, pero con elecciones
para Presidente previamente acordadas.