Los pecados de Evo

Evo Morales intenta violentar la soberanía popular expresada en las
elecciones del 20 de octubre, tal como lo hizo con el resultado del
referendo de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos le
dijeron NO a la reelección indefinida.

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Ese pronunciamiento era
vinculante y obligatorio para el mandatario. En esa ocasión, Morales
presionó al Tribunal Constitucional para que declarara con lugar la
solicitud presentada por un grupo de sus partidarios, quienes
señalaban que el gobernante había perdido la consulta por un
margen muy estrecho -51% contra 49%- y que tenía todo el derecho
como ser humano a ser reelecto Presidente cuantas veces quisiera.
El Tribunal Constitucional, en un acto insólito de abyección,
invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto
de San José, para darles la razón a los simpatizantes del caudillo.
Dictaminó que de aceptarse los resultados de la consulta, se
violarían los “derechos humanos” del gobernante. Sin más trámites,
lo habilitó para presentarse como candidato en los comicios de 2019.
La decisión favoreció también a Álvaro García, su eterno
vicepresidente. El exabrupto del Tribunal no se detuvo allí: sin
ningún tipo de reforma previa, declaró inconstitucional el artículo
168 de la Constitución, que limitaba la cantidad de períodos que
Morales podía ser Presidente. Los magistrados no se anduvieron con
rodeos. Se entregaron en brazos del gamonal sin pudor.
A partir del dictamen del Tribunal Constitucional, el Tribunal
Supremo Electoral autorizó la inscripción de Morales como
aspirante a la presidencia de la República. Todo esto ocurrió después
que el cacique había declarado que acataría sin chistar la opinión
expresada en el referendo y se iría “feliz” del Palacio de Gobierno,

si perdía la consulta. Toda una farsa para esconder la inmensa
presión que luego desató sobre las instituciones.
En esta oportunidad a Morales le ha sido más difícil torcer la
voluntad de la gente. Carlos Mesa, el principal candidato opositor en
las elecciones presidenciales, asumió la conducción de la lucha.
Denunció el escandaloso fraude que Evo intenta perpetrar. El
autócrata ordenó detener el conteo rápido cuando los cómputos lo
desfavorecían. Veinticuatro horas después, el mismo conteo, que
había dejado de ser ‘rápido’, le dio una ventaja apreciable y
definitiva. La adulteración fue legitimada por el Tribunal Electoral,
organismo que lo declaró Presidente en la primera vuelta, a pesar de
que la diferencia con relación a Mesa fue sólo de 0.57% por encima
del 10% exigido por la Constitución, y luego de un episodio tan
sospechoso y cuestionable como fue detener la información sobre el
conteo rápido.
La respuesta de Mesa consistió en movilizar sus partidarios e
insistir en que será Presidente o irá preso. Ahora no se trata, como
en 2017, de la defensa difusa de un referendo popular que pertenecía
a todos los bolivianos, pero en realidad no pertenecía a ninguna
persona o fracción particular. En la actualidad, el afectado tiene
nombre y apellido. Evo Morales cree que porque es de ascendencia
indígena y posee arraigo popular en los estratos pobres de la
población, puede perpetrar toda clase de abusos. En esta oportunidad
se enfrenta con un adversario que también cuenta con apoyo de
masas y está dispuesto a confrontar el proyecto hegemónico, el
ventajismo y la corrupción representados por el señor Morales.
Debido a la presión interna e internacional, Evo se ha visto
obligado a aceptar una auditoria internacional de las elecciones del
20 de octubre. En ella podrían participar la OEA, la Unión Europea
y otros países. Morales dice que los resultados que arroje esa

investigación serán vinculantes y obligatorios para él. Sin embargo,
ya se sabe lo que estas palabras significan para el mandatario
boliviano, acostumbrado a hacer durante trece años lo que le place.
Derrotar las andanzas del autócrata resulta crucial para quienes
consideramos que la salida a la crisis nuestra debe ser pacífica,
democrática y electoral. En Bolivia, de nuevo se busca aplicar el
modelo cubano usado en Venezuela: valerse de las elecciones como
fachada para crear la ficción de democracia y participación; actuar
convencidos de que los comicios se ganan por las buenas o por las
malas, pues los revolucionarios no conquistan mayorías legítimas,
sino que se imponen por la vía del control de la fuerza y la
manipulación de las instituciones.
En Venezuela, se libra una batalla sin cuartel para derrotar, en
las filas de la oposición, el escepticismo con relación a los procesos
comiciales y por recuperar la confianza en que a través del voto es
posible impulsar los cambios que la sociedad exige, salir de la
dictadura y construir una nación próspera y equitativa. Todavía está
muy cerca en la memoria de la gente la dolorosa experiencia de las
elecciones de la Asamblea Nacional, en 2015, cuando el régimen
amputó las competencias fundamentales del Parlamento. Nos toca
lidiar con esa inmensa frustración, y con el prejuicio de que quien
confíe en la transparencia del voto, es porque todavía cree en la
cigüeña. La agresión de Morales a la soberanía popular contribuye a
reforzar la desconfianza de nuestros escépticos. Las instituciones
democráticas del continente deben obligarlo a ir a una segunda
vuelta supervisada y confiable.
A Evo no puede permitírsele que